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21/03/2015

alienacion 15

Alienación Parental

La estigmatización. El maltrato psicológico
Violencia y abuso FAMILIAR
LOS AGUJEROS NEGROS DEL DIAGNOSTICO.
julio 2007
por MARÍA MARTA VEGA (*)

Desde la década del 90, la sociedad y los ámbitos jurídicos especialmente, vienen siendo testigos del incremento paulatino y creciente de denuncias por violencia familiar y abuso sexual a menores. En el último año, éstas fueron favorecidas por la reciente Ley 9283 de Violencia Familiar, sancionada en Marzo del 2006 en nuestra provincia. 

El nuevo ordenamiento legal, prevé un marco de procedimientos judiciales para las presentaciones, con una rápida intervención y la disposición de las medidas cautelares frente a la mera sospecha de la existencia de casos de maltrato y/o abusos hacia algún miembro del grupo familiar, en general, los más vulnerables, la mujer y los niños/as. 

Con la nueva ley, (en Córdoba) se prioriza su protección, tomando medidas al respecto, y luego se constatan los hechos y se investiga si es pertinente, la existencia de delito. El carro delante del caballo. Este avance, sin duda, repara siglos de impunidad y ocultamiento de los malos tratos y abusos sexuales familiares, los que ocurrían en el mayor de los secretos, sin visibilización social ni marco jurídico que garantizara su punibilidad. 

No obstante y como ocurre cuando aparece una respuesta postergada hacia algún fenómeno o conducta social repudiada, también aparecen excesos propios de la descompresión de lo oculto. Tendencia a sobrediagnosticar, gastos procesales, utilización de la problemática para resolver situaciones conflictivas de pareja, aparecen en el tapete, avalados por el proteccionismo legal que implica la nueva ley. 

En este apresuramiento y avalancha de denuncias, no hay tiempos suficientes para procesarlas con un serio abordaje interdisciplinario como lo indica la experiencia y el campo de la Violencia Familiar, ni una validación diagnóstica muchas veces adecuada, tomándose en algunos casos, decisiones apresuradas, a veces sin retorno. La violencia y el abuso, son fenómenos multifacéticos, y hay que reconocer que es difícil diagnosticar un entramado de vínculos de larga data y complejidad, en unas pocas entrevistas.

Los entornos jurídicos y psicológicos además, no han tenido aún tiempo de despegar de los mitos instalados en sus imaginarios ni de incorporar la problemática como el nuevo paradigma indispensable a la hora de intervenir y realizar lecturas que intentan ser adecuadas de la realidad denunciada 

Desde mi lugar como trabajadora del campo de la Violencia Familiar durante años y mi intervención como perito de Control en casos denunciados de violencia familiar y abuso sexual a menores, me permiten estas observaciones. 

En los casos de abuso sexual a menores en el ámbito familiar, los que en su mayoría se presentan sin indicadores físicos que lo validen, la nueva ley obliga a tomar medidas cautelares urgentes luego de confirmar la credibilidad en el relato de los niños víctimas, para investigar posteriormente la comisión de delito. Esta tarea está en manos de los operadores intervinientes, por lo general psicólogos. 

En este apresuramiento procesal muchas veces se cometen errores que convalidan otras situaciones tan graves como que las que se intenta evitar, como impedimentos de contacto, exposiciones revictimizantes al supuesto niño víctima, hasta la imputación y condena social al presunto agresor, la mayoría de las veces el padre. 

La utilización del NIÑO

Al respecto el Síndrome de Alienación Parental es un ejemplo de ello, consistente en la utilización del niño a los fines de excluir real o simbólicamente a alguno de los progenitores de la vida del menor a modo de castigo, en la que los menores quedan no sólo expuestos como chivos expiatorios de conflictos de pareja, sino que son sometidos a procesos periciales que terminan agotándolos y generando en ellos un daño muchas veces mayor, que lo que supuestamente se intentó evitar con la denuncia. 

En aquellas denuncias que llegan al ámbito penal, es obligatoria la intervención de los equipos técnicos para diagnosticar la existencia de los hechos denunciados, en la mayoría de los casos. 

Ocurre que con la saturación de los Equipos Técnicos Judiciales, las demoras son inevitables, lo cual implica tiempos prolongados hasta que se expidan sobre la veracidad del relato de la víctima, las características patológicas correlativas en supuestos agresores o denunciantes o los puntos periciales que solicitan las Fiscalías, pocas veces renovados y actualizados a la realidad del abuso y de la violencia familiar. 

Tampoco es fácil validar los dichos de los niños en casos de abuso sexual. En los últimos tiempos, con la explosión de la temática y de los nuevos discursos al respecto, existe una tendencia a generalizar presupuestos recitados, muchas veces sin tiempos de reflexión, estudio o experiencia. Me refiero al hecho de la credibilidad de los niño/as, a la hora de relatar abusos sexuales. 

Si bien es parcialmente cierto que los niños no mienten, ni fantasean sobre lo que no conocen ni vivieron, como episodios de sexualidad adulta, existen muchas variables y mecanismos psicológicos que se deben tener en cuenta en la significación de los relatos, como sugestionabilidad, curva del olvido, distorsiones cognitivas, disociación, retractación esperable, influencias ambientales y una serie de otros procesos psicológicos y emocionales relativos a las características del fenómeno o condición evolutiva del niño/a. 

Quien se pare frente a un menor con la intención de retraducir sus dichos, debe conocer sobre psicología evolutiva y haber tenido experiencia en trabajo con niños víctimas, si se pretende ser serios a la hora de diagnosticar. 

En el ámbito Penal (paradojalmente opuesto a la inicial tendencia protectora hacia las víctimas que sugiere la nueva ley) se prioriza la investigación del supuesto delito y siendo el niño víctima el único testigo muchas veces, se solicitan reiterados relatos en diferentes momentos del proceso con los riesgos ya explicitados. 

La resultante además de la sobreexposición traumática de los niños, será la incertidumbre diagnóstica. Los expertos en el tema, opinan que la certeza diagnóstica en la mayoría de los casos de abuso sexual (en ausencia de indicadores físicos) no existe. Tampoco la Cámara Gessell, instrumento creado para evitar la revictimización del niño, parece ser garantía de ello. Si bien su intención es lograr una aproximación a lo ocurrido con la presencia de integrantes de abogados de las partes y de la Fiscalía, no siempre esto ocurre, ya que es excepcional que un menor víctima pueda en una sola entrevista y en un contexto extraño, frente a un desconocido/a, relatar lo que le sucedió debido a los sentimientos de vergüenza, culpa, temor, lealtad, etc, que lo acompañan. 

Como conclusión, se deben solicitar luego casi siempre, pericias psicológicas consistentes en varias entrevistas para dilucidar lo ocurrido, invalidando la finalidad con la que fue creada la Cámara Gessell. 

Este bien intencionado instrumento, carece de validez probatoria y en raras oportunidades evita la revictimización de los niños víctima. La lentitud o rapidez en las actuaciones, que muchas veces acorde a las características del caso, involucra la intervención de varios Fueros (Juzgados de Menores, Familia y Fiscalías de Instruccción), dependerá de la participación de abogados patrocinantes y peritos de Control, en general pagos, lo cual deja en desventaja a los protagonistas de las verdaderas tragedias de la Violencia Familiar que son la mayoría de las veces, los más expuestos a las variables de riesgo del sistema: los pobres y excluídos.

Otro punto interesante de resaltar es la guerra de los peritos de parte o de Control . La ley otorga la atribución de su participación a imputados y denunciantes, sin que medie ninguna exigencia de idoneidad en el tema para el ejercicio de tal peritaje. Las partes terminan teniendo su propio “Dartagnan” psicológico que a través de sofisticados e incomprensibles argumentos psicopatológicos, terminarán confundiendo la opinión de los Jueces a la hora de resolver. 

La hora de la ÉTICA

Muchas inexpertas o inescrupulosos/as profesionales se olvidan que más allá de la tarea encomendada y pagada por las partes contratantes, existe la ética y su ajuste a la verdad y el esclarecimiento de los hechos denunciados. 

No alcanzan a dimensionar la importancia que adquieren nuestros diagnósticos en este tipo de denuncias, sin dejar de mencionar que muchas veces tienen que ser además comprensibles para Jueces que no siempre manejan los lenguajes psicológicos, no compatibles con la lógica jurídica, acostumbrada a dictar condenas sobre datos empíricos o pruebas fácticas. 

La lectura de la Violencia Familiar y del Abuso sexual tiene sesgos ideológicos en los que se imprimen subjetivismos, mitos y prejuicios y de esto no estamos exentos los operadores. La problemática nos involucra a todos como víctimas, victimarios o testigos. La diferencia es que los ámbitos psicológicos y jurídicos, son los de máxima incumbencia a la hora de intervenir frente a las denuncias y en ellos, la impregnación ideológica es determinante en las decisiones que se tomen. 

Al respecto, el campo de la Salud Mental no logra despegar de concepciones arcaicas, de relaciones asimétricas terapeuta-paciente y teorías y prácticas que no favorecen la comprensión del problema. 

Muchas veces desde el contexto terapéutico se reproduce el “abuso de poder” real o simbólico a través de vínculos que desconocen la humanización y convalidan los estereotipos que sostienen la violencia. En el mientras tanto y con tanto accionar cuando menos apresurado, reforzado por una nueva ley que obsesivamente actúa ante la mínima sospecha, estamos corriendo el riesgo de caer en una especie de caza de brujas. 

Nadie niega que la problemática existe desde tiempos inmemoriables y que es un problema social gravísimo, ya que compromete la integridad, dignidad y futuro de las víctimas, más grave aún en el caso de las víctimas infantiles, futuro de la sociedad.

La violencia familiar era un tema políticamente postergado. Se necesitó que aparecieran casos trágicos de violencia familiar y de abuso sexual a menores, expuestos cruelmente en los medios frente a la opinión pública, para que los funcionarios despertaran más que por su aletargada conciencia sobre el problema y sus implicancias, por los costos políticos que ello representaba. 

Como sea, debemos agradecer que hoy ya está incorporada la temática como Política de Estado. No obstante es largo el camino que queda y mucho lo que hay que acomodar y revisar de la nueva ley y de todo lo por hacer en la materia, sino será como haber sembrado trigo en el desierto. 

La violencia familiar y el abuso sexual, son fenómenos multifacéticos en cuya ocurrencia convergen factores históricos, culturales, socioeconómicos, variables de género, poder. Su comprensión requiere estudio y experiencia. Córdoba parece no haberse enterado que constituye un campo de estudio propio y es una especialidad de postgrado que se dicta en algunas provincias argentinas, entre ellas, en la UBA con una duración de 3 años. En nuestro medio sólo se vienen realizando Diplomaturas en Universidades Privadas (Blas Pascal, Siglo XXI) desde el año 2000, organizados por profesionales del Derecho y de la Psicología que trabajan desde hace años con víctimas. 

Falta de PREVISIÓN

El Sistema de Salud en Córdoba no incorporó, salvo raras excepciones, espacios específicos de reparación para las víctimas dentro de sus instituciones, hay ausencia de espacios asistenciales, considerándoselo un problema más, sin atenderlo como una urgencia en Salud que requiere intervenciones específicas. 

La temática debería incluirse como exigencia en la formación curricular de los profesionales y operadores de Salud en general, que son quienes en gran parte, deben detectar los casos. Solo existe en nuestro medio, como centro referencial específico de atención a víctimas, el Programa de Violencia Familiar, dependiente del Ministerio de Justicia. La impostergable prevención primaria, a través de programas de sensibilización e información seria a la población, están aún en tiempo de espera. 

La nueva ley ha traído incertidumbre a los profesionales actuantes, quienes se han manejado siempre desde los códigos de Etica y Procedimientos que le dictan sus Colegiaturas. Las nuevas leyes y la incorporación de Tratados Internacionales como nuevos lenguajes, ha generado confusión y plantea la urgente necesidad de replantearse los mismos actualizándolos y acomodándolos a la demanda. 

En el mientras tanto, los que intervenimos en estas situaciones, además del costo emocional agregado que representa, debemos correr el riesgo de ser juzgados por nuestras actuaciones en casos de Violencia Familiar por nuestros propios colegas, quienes muchas veces desconocen la problemática y no logran compatibilizar lo nuevo con conceptos arcaicos y perimidos, sometiendo a los que trabajamos en este campo a exposiciones victimizantes que restan energía para la tarea. Sí durante años no pudimos hacer nada por la visibilización del problema de la violencia familiar y el abuso sexual, no caigamos en el arrebato de creer que con la nueva ley vamos a blanquear la situación ni reparar todos los excesos con los que la ideología dominante sometió durante siglos a los más débiles del sistema. 

El apresuramiento nos impedirá la objetividad de poder analizar nuestras soberbias, nuestras limitaciones, con el agravante de que corremos el riesgo de avalar nuevas místicas, creando otras víctimas y victimarios en las que el Estado, aún desde sus mejores intenciones se transforme a través de sus operadores, en juzgador de lo que por otro lado genera. 

MARÍA MARTA VEGA
Psicóloga de niños víctima.
Ex-coordinadora de Salud
Mental del Comité de Maltrato
del Hospital Infantil. Docente en las Diplomaturas de Violencia Familiar.
Capacitadora del Programa de Violencia Familiar del Ministerio de Justicia. (Córdoba Argentina)

Fuente: Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba (Argentina)


 
 
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